Una coalición de 17 fiscales estatales en Estados Unidos rechazó la nueva norma del Departamento de Trabajo que busca reducir de forma considerable los salarios de los trabajadores agrícolas extranjeros que llegan bajo la visa H-2A. El fiscal de California, Rob Bonta, advirtió que la medida afectaría directamente a estados productores como el suyo y “se aprovecharía de los trabajadores”, señalando que la escasez de mano de obra fue provocada por políticas migratorias del propio gobierno de Trump.
La propuesta fija pagos de 13.45 dólares por hora para trabajadores de nivel inicial y 15.71 dólares para experimentados, lo que podría representar recortes de entre 26% y 32% para más de 350 mil campesinos. Según el Economic Policy Institute, el impacto total rondaría los 5,400 millones de dólares en salarios perdidos entre empleados extranjeros y agrícolas estadounidenses.
La regla también reduce costos de vivienda para empleadores, aumentando preocupaciones por explotación laboral. Los fiscales de 17 estados pidieron frenar la norma antes de que entre en vigor.
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